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Tu pareja podría quedarse sin nada: el error legal que cometen miles de parejas en España

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La realidad que casi nadie te cuenta

Muchas parejas en España comparten vida durante años, compran vivienda juntos e incluso forman una familia. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eso no garantiza absolutamente nada en una herencia.

De hecho, si falleces sin testamento, tu pareja podría quedarse sin vivienda, sin ahorros y sin ningún derecho sobre tu patrimonio. Esta situación es mucho más común de lo que parece y afecta especialmente a las parejas de hecho.

Por qué tu pareja puede no heredar nada

La clave está en cómo funciona la ley. En España, cuando una persona fallece sin testamento, la herencia se reparte siguiendo un orden estricto: primero los hijos, después los padres y, en su defecto, el cónyuge.

El problema es evidente: la pareja de hecho no está incluida en ese orden legal. Esto significa que, aunque llevéis 10, 20 o 30 años juntos, la ley puede dejar fuera a tu pareja en favor de otros familiares.

En la práctica, esto se traduce en situaciones muy duras: parejas que pierden su vivienda o que tienen que enfrentarse a la familia del fallecido para reclamar derechos que, en muchos casos, no existen.

Parejas de hecho: el gran riesgo silencioso

A diferencia del matrimonio, las parejas de hecho no cuentan con una protección automática a nivel estatal. Todo depende de la comunidad autónoma y de si se han cumplido ciertos requisitos formales.

Sin testamento, lo habitual es que la pareja no herede nada. Y aunque exista normativa autonómica más favorable, como ocurre en Cataluña, no cumplir los requisitos puede dejar igualmente desprotegida a la persona superviviente.

Por eso, confiar en que “ya se verá” o en que “la ley lo arreglará” suele ser un error.

Matrimonio: más protección, pero no total

Casarse sí cambia la situación. El cónyuge viudo tiene derechos reconocidos, como el usufructo de parte de la herencia, lo que le permite seguir utilizando bienes clave como la vivienda.

Sin embargo, tampoco implica heredar todo automáticamente. Si hay hijos, estos tienen derecho a una parte importante de la herencia, lo que limita la capacidad de decisión.

Aun así, el matrimonio ofrece un nivel de seguridad jurídica muy superior al de las parejas de hecho.

Cataluña: más derechos, pero con condiciones

En Cataluña, la situación mejora considerablemente. La ley reconoce a las parejas estables y les otorga derechos sucesorios en determinados casos, incluso similares a los del matrimonio.

Pero esto no es automático. Es imprescindible cumplir requisitos como acreditar la convivencia, tener hijos en común o formalizar la relación ante notario. Si no se puede demostrar la existencia de la pareja estable, la protección desaparece.

Por tanto, aunque Cataluña es más avanzada en este ámbito, sigue siendo fundamental planificar.

El error que más se repite

El mayor fallo no es legal, sino de previsión:
pensar que el tiempo o la convivencia generan derechos por sí solos.

No hacer testamento, no formalizar la relación o no informarse a tiempo puede provocar que, llegado el momento, la ley no proteja a quien realmente se quería proteger.

Cómo evitar que tu pareja se quede desprotegida

La solución es sencilla, pero requiere actuar a tiempo. Un testamento bien redactado permite decidir quién hereda, en qué condiciones y con qué límites. Además, en el caso de las parejas de hecho, formalizar la relación puede marcar una gran diferencia.

No se trata solo de repartir bienes, sino de evitar conflictos, inseguridad y situaciones injustas para la persona que ha compartido tu vida.

Conclusión: sin planificación, no hay protección

La ley no entiende de años de convivencia ni de vínculos emocionales. Entiende de normas. Y si no se utilizan correctamente, las consecuencias pueden ser muy graves.

Por eso, la pregunta no es si tu pareja heredará, sino:
¿has hecho algo para asegurarlo?

Asesoramiento legal: protege a quien más te importa

Cada caso es distinto y requiere un análisis específico. Una buena planificación hereditaria puede evitar problemas futuros y garantizar que tu voluntad se cumpla.

En Fortia Abogados te ayudamos a proteger tu patrimonio y a tu pareja con soluciones claras, seguras y adaptadas a tu situación.

Jornada de 37,5 horas en 2026: qué hay realmente y qué no

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La reducción de jornada a 37,5 horas semanales ha generado muchísimos titulares, pero conviene separar el debate político de la situación jurídica real. El Gobierno aprobó el proyecto de ley y lo remitió al Congreso el 6 de mayo de 2025, presentándolo como una reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria sin merma salarial. 

Sin embargo, ese proyecto no llegó a convertirse en ley. El Congreso indica en su tramitación que el 10 de septiembre de 2025 el Pleno aprobó las enmiendas a la totalidad de devolución y acordó la devolución al Gobierno del proyecto de ley. 

Por tanto, a fecha de 26 de marzo de 2026, la reducción general a 37,5 horas no está en vigor. La regla general del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores sigue situando la duración máxima de la jornada ordinaria en 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, sin perjuicio de que muchos convenios colectivos o contratos ya establezcan jornadas inferiores. 

Para las empresas, esto significa que no deben precipitar cambios solo por presión mediática, pero sí vigilar convenios, registros horarios, distribución del tiempo de trabajo y desconexión digital. Para los trabajadores, significa que conviene revisar qué dice exactamente su convenio y su contrato antes de asumir que la reducción legal ya existe.

En Fortia Abogados ayudamos a empresas y trabajadores a identificar qué jornada es realmente exigible hoy y cómo actuar ante cambios unilaterales, excesos horarios o conflictos con el registro de jornada.

 

Despido disciplinario y audiencia previa: el error que puede costar caro a la empresa

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El despido disciplinario ha cambiado de verdad. En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo fijó que las empresas no pueden despedir disciplinariamente sin abrir un trámite de audiencia previa al trabajador, y añadió expresamente que esta exigencia opera para los despidos nuevos. La idea ya no es solo discutir si había causa, sino también si el procedimiento seguido fue correcto. 

Para las empresas, esto implica revisar protocolos internos cuanto antes. Ya no basta con preparar una carta de despido bien redactada. Antes debe darse al trabajador una oportunidad real de conocer los hechos imputados y formular alegaciones. Si este paso se omite o se hace de forma meramente aparente, la defensa del despido se debilita de forma muy importante. 

Para los trabajadores, la novedad también es relevante. Muchas veces la discusión se centra únicamente en si existió o no incumplimiento grave. Pero hoy también hay que mirar si la empresa respetó las garantías previas. Un despido puede parecer sólido sobre el papel y, sin embargo, estar mal construido desde la base por un defecto procedimental.

Esto no significa que toda audiencia previa convierta automáticamente el despido en procedente, ni que toda omisión conduzca siempre al mismo resultado procesal. Lo que sí significa es que el mapa de riesgos ha cambiado. Y en litigios laborales, los errores de forma suelen pagarse caros.

En Fortia Abogados asesoramos tanto a empresas que quieren despedir con seguridad jurídica como a trabajadores que necesitan impugnar un cese que no ha respetado sus derechos desde el primer minuto.

Hurtos leves y multirreincidencia: cuando deja de ser “un simple hurto”

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Todavía existe la idea de que, si lo sustraído no supera los 400 euros, siempre estamos ante “un hurto menor” con consecuencias reducidas. Esa idea es incompleta. La Ley Orgánica 9/2022 reformó el artículo 234.2 del Código Penal para ofrecer una respuesta más severa a los casos de multirreincidencia, precisamente porque el legislador entendió que la reiteración de pequeños hurtos estaba quedando insuficientemente respondida en la práctica. 

La reforma prevé que, cuando el autor haya sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza y el montante total de las infracciones sea superior a 400 euros, el hecho pueda castigarse con la pena del tipo básico del artículo 234.1 del Código Penal, es decir, prisión de 6 a 18 meses, en lugar de la mera multa del hurto leve. 

La Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2022, ha precisado además que esta modalidad agravada del artículo 234.2 no desplaza automáticamente a los supuestos del artículo 235.1.7.º del Código Penal y que pueden existir problemas de concurso de normas, que deberán resolverse en favor de la modalidad hiperagravada cuando corresponda. También insiste en que el escrito de acusación debe concretar con precisión los antecedentes penales que fundamentan la multirreincidencia. 

¿Por qué importa esto? Porque la diferencia entre un hurto leve y un hurto multirreincidente no es solo académica: cambia la estrategia de defensa, la pena posible y el modo de plantear la acusación o la oposición.

En Fortia Abogados analizamos si realmente concurren los presupuestos de la multirreincidencia, si los antecedentes son computables y cuál es la calificación penal más ajustada al caso concreto.

Phishing, smishing y vishing: qué hacer en las primeras 24 horas

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Las estafas digitales ya no llegan solo por correo electrónico. La Memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado vuelve a destacar el uso del phishing, smishing y vishing: mensajes o llamadas fraudulentas que suplantan a bancos, empresas o instituciones para obtener datos personales o bancarios y provocar desplazamientos patrimoniales en perjuicio de la víctima. 

El primer error suele ser pensar que “ya no se puede hacer nada”. No es verdad. En las primeras 24 horas hay margen para bloquear tarjetas, avisar al banco, cambiar credenciales, recopilar pruebas y dejar constancia documental del fraude. Cuanto más tarde se actúe, más fácil será que desaparezcan trazas técnicas, mensajes o registros útiles para la investigación.

También es un error borrar conversaciones, SMS o capturas por vergüenza o por nervios. Precisamente esos elementos pueden ser fundamentales para acreditar la mecánica del engaño. Lo recomendable es conservar capturas, justificantes bancarios, números desde los que se recibió la llamada o mensaje, correos, enlaces y cualquier comunicación con la entidad financiera.

Desde el punto de vista penal, la denuncia debe ir acompañada, en la medida de lo posible, de una narración clara y cronológica: cómo llegó el mensaje o llamada, qué datos se facilitaron, qué operación se realizó, cuándo se detectó el fraude y qué respuesta dio el banco. Cuanto mejor se documente el inicio, mejor.

En Fortia Abogados ayudamos a víctimas de estafas digitales a reaccionar rápido, preservar la prueba y enfocar correctamente la denuncia penal y las reclamaciones derivadas del fraude.

Violencia vicaria y sustracción de menores: cuándo deja de ser “solo un conflicto familiar”

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No toda desobediencia en materia de custodia o visitas constituye automáticamente violencia vicaria, pero cada vez es más claro que determinados comportamientos no pueden rebajarse a la categoría de simple conflicto familiar. Una nota del CGPJ de noviembre de 2025 informó de que un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas asumió investigar como violencia vicaria una presunta sustracción de menor, en un caso en el que el padre se habría llevado durante cinco meses a su hija a Málaga sin consensuarlo con la madre. 

La relevancia de esa noticia no está solo en el caso concreto, sino en el mensaje jurídico que transmite: cuando la conducta respecto de los hijos se utiliza como instrumento de daño hacia la madre, la lectura penal y de violencia de género puede adquirir un protagonismo que va mucho más allá del mero incumplimiento civil. 

En paralelo, la legislación reciente ha reforzado la protección de los menores expuestos a violencia. La LO 8/2021 insistió en la necesidad de apartarles del peligro y habilitó mecanismos procesales y cautelares mucho más intensos en procedimientos con menores. 

En la práctica, estos asuntos exigen actuar muy rápido. Esperar, minimizar o tratarlo únicamente como una “discusión entre padres” puede agravar mucho el problema. Cuando existe una retirada no consentida del menor, ocultación, manipulación grave del vínculo o aprovechamiento del hijo para causar daño psicológico al otro progenitor, hay que valorar de inmediato la vía civil urgente y, en su caso, la vía penal.

En Fortia Abogados abordamos estos casos de forma integral: protección del menor, medidas urgentes, estrategia probatoria y coordinación entre jurisdicción civil y penal cuando el asunto lo exige.

Suspensión del régimen de visitas: cuándo puede acordarla un juez

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El régimen de visitas no es un automatismo intocable. El artículo 94 del Código Civil permite al juez limitar o suspender las visitas, comunicaciones o estancias cuando existan circunstancias relevantes que así lo aconsejen o cuando se incumplan grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. La norma parte de una idea básica: el centro de gravedad no está en el derecho abstracto del progenitor, sino en la protección concreta del menor. 

Además, en contextos de violencia, la protección es todavía más intensa. La LO 8/2021 modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y prevé que, cuando exista una orden de protección con medidas penales y haya indicios de que los hijos menores han presenciado, sufrido o convivido con la violencia, la autoridad judicial suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del investigado respecto de esos menores, salvo resolución motivada en interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial. 

Esto no significa que toda denuncia implique por sí sola una suspensión automática en cualquier procedimiento de familia. Pero sí significa que, cuando hay riesgo real, violencia, instrumentalización de los hijos o incumplimientos graves, el juzgado dispone de mecanismos claros para actuar. Y significa también que quien pida esa suspensión debe hacerlo con una estrategia probatoria sólida: mensajes, informes, resoluciones penales, testimonios, antecedentes de incumplimiento o exploración de menores, según el caso.

En muchos procedimientos el problema no es solo la suspensión total. A veces lo jurídicamente correcto es una limitación, una supervisión temporal, un punto de encuentro o una reorganización del sistema de comunicaciones.

En Fortia Abogados valoramos si conviene pedir la suspensión, una limitación o medidas urgentes de protección, y cómo hacerlo sin caer en planteamientos genéricos que el juzgado pueda rechazar por falta de base.

Prórroga del uso de la vivienda familiar en Cataluña: cómo pedirla a tiempo y no perder ese derecho

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Cuando en una separación o divorcio se atribuye el uso de la vivienda familiar, muchas personas creen que podrán seguir en ella mientras lo necesiten. Pero en Cataluña no siempre funciona así. En determinados casos, ese derecho se concede por un tiempo concreto y, cuando el plazo está a punto de terminar, surge una cuestión clave: si puede pedirse una prórroga. La respuesta es sí, pero no de forma automática ni en cualquier situación. 

Qué es la prórroga del uso de la vivienda familiar

La prórroga del uso de la vivienda familiar es la posibilidad de alargar temporalmente el derecho a seguir usando la vivienda una vez se acerca el final del plazo fijado por la resolución judicial o el convenio aprobado judicialmente. En Cataluña, esta opción existe, pero solo en los supuestos previstos por la ley y siempre con carácter temporal. 

No es automática

Que el plazo esté a punto de vencer no significa que el uso se mantenga por sí solo. Para que pueda continuar, es necesario solicitar la prórroga y justificar que siguen existiendo las circunstancias que motivaron la atribución inicial. 

Nunca es indefinida

La ley catalana deja claro que, cuando el uso se atribuye por razón de necesidad del cónyuge, esa atribución debe ser temporal. Y si se concede una prórroga, también tendrá que ser temporal. Por tanto, la prórroga no puede utilizarse para convertir ese derecho en una situación indefinida. 

Cuándo se puede pedir la prórroga del uso de la vivienda en Cataluña

La prórroga puede plantearse en los casos en los que el uso de la vivienda se atribuyó al cónyuge más necesitado de protección. Esto sucede, por ejemplo, cuando la guarda de los hijos es compartida, cuando no hay hijos o ya son mayores de edad, o cuando se prevé que la necesidad de vivienda del progenitor continúe después de que los hijos alcancen la mayoría de edad. También puede darse, de forma excepcional, aunque existan hijos menores, si el progenitor no custodio es el más necesitado y el otro dispone de medios suficientes para cubrir su propia necesidad de vivienda y la de los hijos. 

Cuando se mantienen las circunstancias que justificaron el uso

El punto más importante es este: la prórroga solo tiene sentido si sigue existiendo la necesidad que motivó el derecho de uso. No basta con alegar comodidad o costumbre. Debe existir una situación real que justifique que esa persona necesite seguir ocupando la vivienda durante un tiempo más. 

Cuando se solicita dentro del plazo legal

Aquí está uno de los errores más frecuentes. El Código civil de Cataluña exige que la prórroga se solicite, como máximo, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del plazo fijado. Además, debe tramitarse mediante un procedimiento de modificación de medidas definitivas. Dicho de forma sencilla: no conviene esperar al último momento. 

Qué tiene en cuenta el juzgado para conceder o denegar la prórroga

Cada caso se analiza de forma individual. El juzgado no se limita a comprobar si el plazo termina, sino que valora si realmente sigue existiendo una necesidad digna de protección y si prolongar el uso sigue siendo razonable en ese momento. 

La situación económica de las partes

Uno de los factores centrales es la capacidad económica de cada progenitor o excónyuge. No es lo mismo una persona que sigue sin recursos suficientes para acceder a otra vivienda que otra que ya puede reorganizar su situación habitacional. La ley catalana, además, permite excluir la atribución del uso cuando quien sería beneficiario dispone de medios suficientes para cubrir su necesidad de vivienda y la de los hijos. 

La existencia de hijos menores o hijos mayores dependientes

La existencia de hijos sigue siendo relevante, pero no siempre de la misma manera. Si los hijos ya son mayores de edad, el uso no se mantiene automáticamente por ese solo motivo. En Cataluña, la protección de los hijos mayores sin recursos suele canalizarse por la vía de los alimentos, que incluyen también la vivienda, y no necesariamente mediante una prolongación indefinida del uso del inmueble. 

La titularidad de la vivienda

También importa de quién es la vivienda. El Código civil de Cataluña indica que, si el inmueble pertenece total o parcialmente al cónyuge que no disfruta del uso, esa atribución debe valorarse como una contribución en especie a la hora de fijar alimentos o una eventual prestación compensatoria. Esto significa que el derecho de uso no se analiza de forma aislada, sino en conjunto con el resto de medidas económicas. 

Cuándo puede denegarse la prórroga

La prórroga puede denegarse cuando ya no existen las circunstancias que justificaron el uso, cuando no se acredita una necesidad real de vivienda o cuando la solicitud se presenta fuera de plazo. También puede ser difícil que prospere si la situación ya ha estado suficientemente protegida durante años y el mantenimiento del uso deja de ser proporcionado. 

Si no se pide a tiempo

Este es, probablemente, el riesgo más importante. Si el plazo está a punto de vencer y no se actúa dentro del margen legal, la parte interesada puede perder la oportunidad de obtener una prórroga. Por eso es esencial revisar con antelación la sentencia o el convenio y preparar la estrategia antes de que sea demasiado tarde. 

Si ya no existe necesidad real de vivienda

La prórroga no está pensada para mantener una situación por inercia. Si quien tenía atribuido el uso ya puede acceder a otra solución habitacional o ya no necesita esa protección, el juzgado puede denegar la continuación del derecho. 

Qué pasa si termina el plazo y no se ha pedido la prórroga

Cuando el derecho de uso se extingue, la situación cambia por completo. Si ese uso se atribuyó por razón de la guarda de los hijos, se extingue con la finalización de la guarda. Y, una vez extinguido, el titular de la vivienda puede recuperar su posesión en ejecución de la sentencia o de la resolución firme que determine la duración o extinción del derecho. 

Puede ser el momento de vender, adjudicar o liquidar la vivienda

En muchos casos, el final del derecho de uso abre la puerta a una nueva fase: venta del inmueble, adjudicación a una de las partes, extinción de condominio o replanteamiento de las medidas económicas. Por eso no conviene analizar la prórroga de forma aislada, sino dentro de una estrategia más amplia. 

Qué hacer si se acerca el vencimiento del derecho de uso

Si se acerca la fecha de finalización, lo más importante es no improvisar. Hay que revisar la resolución que atribuyó el uso, comprobar el plazo exacto, valorar si siguen existiendo las circunstancias que justificaron la medida y decidir con tiempo si conviene solicitar la prórroga o prepararse para oponerse a ella. La ley catalana no deja mucho margen para reaccionar tarde. 

Fortia Abogados: te ayudamos a pedir la prórroga o a oponerte a ella

La prórroga del uso de la vivienda familiar en Cataluña puede tener un impacto directo en tu estabilidad personal, en la de tus hijos y en el valor económico de uno de los bienes más importantes del patrimonio familiar. Por eso, cuando se acerca el vencimiento del plazo, es fundamental estudiar bien el caso y actuar a tiempo.

En Fortia Abogados analizamos tu situación para valorar si procede solicitar la prórroga del uso de la vivienda familiar, oponerse a ella o plantear una solución alternativa que proteja mejor tus intereses.

Pensión de alimentos en 2026: cómo se calcula realmente

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La pensión de alimentos sigue siendo una de las cuestiones que más dudas genera en separaciones y divorcios. Muchas personas llegan al despacho preguntando cuánto “toca” pagar o cobrar como si existiera una cifra cerrada. Pero el artículo 93 del Código Civil es claro: el juez debe determinar la contribución de cada progenitor en función de las circunstancias económicas y de las necesidades de los hijos en cada momento. Además, si conviven en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados sin ingresos propios, también puede fijarse en esa misma resolución la pensión correspondiente. 

Es verdad que durante años se han utilizado tablas orientadoras y la conocida herramienta del CGPJ, pero hoy la propia página del Poder Judicial indica que ese apartado de cálculo de pensiones alimenticias se encuentra en revisión y actualización. Por tanto, apoyarse solo en una cifra orientativa sin analizar ingresos reales, gastos, custodias, vivienda, necesidades especiales o cargas familiares es un error. 

Una pensión de alimentos bien fijada no depende únicamente del salario neto. También influyen variables como la custodia, los gastos escolares, las actividades, los desplazamientos, la situación laboral de ambos progenitores, los gastos extraordinarios y, en algunos casos, la existencia de otros hijos o nuevas cargas familiares. Por eso dos familias con ingresos parecidos pueden acabar con pensiones muy distintas.

Otro error muy frecuente es creer que la pensión no puede modificarse. Sí puede. Si cambian de manera relevante las circunstancias —pérdida de empleo, incremento de ingresos, nuevas necesidades del menor o independencia económica del hijo— puede plantearse una modificación de medidas.

En Fortia Abogados defendemos tanto a quienes necesitan reclamar una pensión adecuada como a quienes soportan importes desproporcionados para su situación real. La clave no está en repetir una tabla: está en acreditar bien la realidad económica de cada familia.

Vivienda familiar e hijos mayores de edad: ¿se extingue el uso automáticamente?

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Muchas personas piensan que, si un hijo sigue viviendo con uno de sus progenitores después de cumplir los 18 años, el uso de la vivienda familiar se mantiene automáticamente. Pero en Cataluña no funciona así. La atribución del uso de la vivienda no se prorroga de forma indefinida solo porque el hijo siga estudiando o conviviendo en casa.

Con carácter general, mientras los hijos son menores de edad, el uso de la vivienda suele atribuirse al progenitor con quien conviven. Sin embargo, cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, la situación debe volver a analizarse. A partir de ese momento, ya no basta con decir que el hijo sigue en casa para mantener el uso sin más.

Eso no significa que los hijos mayores de edad queden desprotegidos. Si todavía no tienen independencia económica, su situación puede seguir teniéndose en cuenta, pero normalmente por la vía de los alimentos y no mediante una prórroga automática del uso de la vivienda familiar.

En Cataluña, además, cuando el uso de la vivienda se atribuye por necesidad de uno de los progenitores, esa atribución tiene carácter temporal. Por eso, al llegar los hijos a la mayoría de edad, muchas veces lo que procede es revisar la situación y valorar si corresponde extinguir el uso, fijar medidas económicas o incluso plantear la venta o adjudicación del inmueble.

En definitiva, que un hijo mayor de edad siga viviendo en la vivienda familiar no da derecho, por sí solo, a mantener su uso de forma indefinida. Cada caso debe estudiarse en función de la situación económica de las partes, de la dependencia real del hijo y de las medidas que resulten más adecuadas en ese momento.

En Fortia Abogados estudiamos si ha llegado el momento de pedir la extinción del uso, cómo articular la petición y qué medidas económicas deben solicitarse al mismo tiempo para evitar dejar cabos sueltos.

 

¿Puede un progenitor mudarse con su hijo a otra ciudad por trabajo?

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Uno de los conflictos más frecuentes tras una separación aparece cuando uno de los progenitores quiere cambiar de ciudad o de comunidad autónoma con el menor. No basta con alegar una mejora personal o laboral: lo decisivo sigue siendo el interés superior del menor y cómo afectará ese traslado a su estabilidad, su rutina y su vínculo con ambos progenitores. Ese enfoque vuelve a verse en una resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña de febrero de 2025, que concedió la guarda y custodia a una madre que se había trasladado a otra comunidad por motivos laborales. 

En ese caso, la Audiencia valoró que el traslado no era caprichoso ni arbitrario, que la madre contaba con mejor horario laboral y con apoyos familiares para cubrir las necesidades de la menor. Es decir, el tribunal no premió simplemente la voluntad de mudarse, sino la existencia de una alternativa vital más estable y favorable para la niña. 

Esto es importante porque muchas personas creen que estos casos se resuelven según “quién tiene más derecho” a vivir donde quiera. No es así. El juzgado va a examinar cuestiones muy concretas: edad del menor, arraigo, red familiar, horarios, posibilidades reales de cuidado, distancia, coste del desplazamiento, viabilidad del régimen de visitas y, sobre todo, si el cambio mejora o empeora de manera objetiva la situación del hijo.

También conviene tener claro que marcharse sin acuerdo ni autorización judicial puede generar un conflicto muy serio y perjudicar a quien toma la decisión. Cuando no hay consenso, lo más prudente es solicitar una resolución judicial previa y presentar una propuesta completa: residencia, escolarización, red de apoyo, comunicaciones y régimen de visitas adaptado a la nueva realidad.

En Fortia Abogados estudiamos estos asuntos desde una perspectiva práctica: no solo si el traslado puede defenderse, sino cómo probarlo bien para que el juzgado entienda que no responde a un interés egoísta del progenitor, sino a una reorganización seria y beneficiosa para el menor.

MASC en familia tras la LO 1/2025: cuándo es obligatorio antes de demandar

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Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 el 3 de abril de 2025, en el orden civil se exige con carácter general acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias para que la demanda sea admisible. La propia norma lo configura como requisito de procedibilidad y, además, obliga a describir en la demanda el proceso negociador seguido o la imposibilidad de haberlo llevado a cabo. Si no se acredita correctamente, la demanda puede no ser admitida. 

En derecho de familia, esto ha cambiado de forma importante la estrategia previa al procedimiento. Ya no se trata solo de “intentar hablar”, sino de hacerlo de una manera jurídicamente útil. La ley admite distintas vías: mediación, conciliación, opinión neutral de experto independiente, oferta vinculante confidencial o incluso negociación directa entre las partes o entre sus abogados, siempre que cumpla las exigencias legales. 

Ahora bien, no todo pasa por MASC. La propia ley contempla excepciones, especialmente en materias urgentes o especialmente sensibles, como las medidas del artículo 158 del Código Civil. Por eso, en asuntos con riesgo para menores, violencia o necesidad de actuación inmediata, conviene analizar muy bien si estamos ante un supuesto exceptuado o no. 

Otro punto clave es la prueba. El intento negociador debe quedar documentado. La ley prevé que pueda acreditarse mediante documento firmado por ambas partes o por certificación del tercero neutral que haya intervenido, y regula incluso cuándo puede darse por terminado el intento sin acuerdo, por ejemplo si pasan 30 días desde una propuesta concreta sin respuesta escrita o 3 meses desde la primera reunión sin acuerdo. 

En la práctica, esto significa que en separaciones, divorcios, medidas paterno-filiales o modificaciones de medidas ya no basta con acudir al juzgado “sin más”. Una mala preparación del intento previo puede retrasar semanas o meses el procedimiento. Y una buena preparación puede servir, además, para fijar una posición sólida en materia de costas y estrategia procesal. La propia ley prevé efectos relevantes en costas cuando una parte rehúsa injustificadamente participar en la actividad negociadora previa. 

En Fortia Abogados analizamos si tu caso requiere MASC, cuál es la vía más segura y cómo dejarlo documentado para que el procedimiento nazca bien planteado desde el inicio.

¿Quién se queda con la vivienda tras el divorcio en Cataluña? No siempre es el propietario.

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“Si la casa es mía, me la quedo”.
Es uno de los mayores errores en derecho de familia… especialmente en Cataluña.

Aquí, la vivienda familiar no se decide por la propiedad, sino por criterios de protección familiar.

🏡 Qué dice el Código Civil de Cataluña

El artículo 233-20 CCCat regula el uso de la vivienda familiar, priorizando siempre el interés de los hijos.

Si hay hijos menores

La regla general es clara:

  • El uso se atribuye al progenitor con quien convivan
  • Aunque no sea el propietario

Pero, a diferencia del sistema estatal, en Cataluña este uso puede ser temporal.

Custodia compartida: soluciones más flexibles

En estos casos, el juez puede:

  • Atribuir el uso por un tiempo limitado
  • Establecer alternativas
  • Incluso acordar la venta

 Uso temporal: la gran diferencia

Una de las claves del derecho catalán es que:
👉 el uso de la vivienda no suele ser indefinido

Se limita en función de:

  • La necesidad del progenitor
  • La edad de los hijos
  • La situación económica

❗ Propiedad vs uso

Importante:

  • No se pierde la propiedad
  • Pero sí se puede perder el uso durante años

El régimen catalán introduce más flexibilidad, pero también más complejidad.
Por ello, una buena estrategia desde el inicio del procedimiento es fundamental para proteger tus intereses.

Alcoholemia: cuándo una copa te puede salir muy cara

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“Solo ha sido una copa”


Probablemente, es una de las frases más repetidas antes de acabar en una sanción… o en un procedimiento penal.

Lo que muchos conductores no saben es que la diferencia entre una multa administrativa y un delito contra la seguridad vial puede estar mucho más cerca de lo que parece. Y cruzar esa línea puede suponer antecedentes penales, retirada del carné e incluso pena de prisión. 

El límite que puede cambiarlo todo

En España, la ley distingue entre infracción administrativa y delito.
La tasa máxima general permitida es de 0,25 mg/l en aire espirado, pero para conductores noveles y profesionales el límite baja a 0,15 mg/l, y para menores de edad es 0,0 mg/l. 

Cuando se supera la vía administrativa, las consecuencias ya son importantes. Pero además, el artículo 379.2 del Código Penal castiga como delito conducir bajo la influencia del alcohol y, en todo caso, cuando se arroja una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre. Es decir, no siempre hace falta alcanzar esa cifra para acabar en el ámbito penal si existen síntomas o signos claros de afectación en la conducción. 

Multas y consecuencias reales

Si hablamos de sanción administrativa, la DGT contempla, con carácter general:

  • 500 euros y 4 puntos cuando la tasa supera 0,25 mg/l y no pasa de 0,50 mg/l. 
  • 1.000 euros y 6 puntos cuando la tasa supera 0,50 mg/l. 
  • En caso de reincidencia, la sanción puede ser de 1.000 euros con pérdida de 4 o 6 puntos, según la tasa. 

Pero si estamos ante un delito, las consecuencias suben de nivel:

  • Prisión de 3 a 6 meses, o 
  • multa de 6 a 12 meses, o 
  • trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días,
    además de la retirada del derecho a conducir de 1 a 4 años. Y, por supuesto, puede implicar antecedentes penales. 

Negarse a soplar no evita el problema

Muchas personas creen que negarse a realizar la prueba puede ayudarles.
En realidad, puede empeorar todavía más su situación.

El artículo 383 del Código Penal castiga la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas como delito independiente, con penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. 

Una decisión de segundos puede tener consecuencias durante años

En este tipo de asuntos, cada detalle del procedimiento importa: la intervención policial, la regularidad de la prueba, los síntomas apreciados, la redacción del atestado y la estrategia de defensa.

Por eso, contar con asesoramiento legal especializado puede marcar una diferencia real desde el primer momento.

 

¿Se puede emancipar un menor de edad?

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⚠️ Una decisión importante que no es tan simple

Muchos menores y familias creen que la emancipación permite a un hijo menor de edad hacer vida completamente independiente, como si fuera mayor de edad. Sin embargo, la realidad jurídica es más limitada: la emancipación otorga autonomía, pero no plena capacidad.

Antes de tomar esta decisión, es fundamental conocer qué implica realmente y qué consecuencias tiene.

Qué dice la ley en Cataluña

El Código Civil de Cataluña, en sus artículos 211-7 y siguientes, regula la emancipación de los menores.

La emancipación puede producirse principalmente:

  • por concesión de quienes ejercen la potestad parental,
  • por resolución judicial,
  • o por matrimonio.

En términos legales, la emancipación permite al menor regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero con importantes limitaciones.

¿Qué puede hacer un menor emancipado?

Una vez emancipado, el menor adquiere una mayor capacidad de actuación en su vida diaria. Por ejemplo, puede:

  • vivir fuera del domicilio familiar,
  • trabajar y administrar su dinero,
  • firmar contratos básicos.

Sin embargo, esta autonomía no es absoluta.

⚖️ Limitaciones importantes que muchos desconocen

El menor emancipado sigue necesitando asistencia o consentimiento para determinados actos relevantes. Según la ley catalana, no puede por sí solo:

  • Pedir préstamos o créditos importantes.
  • Vender bienes de especial valor.
  • Realizar actos que puedan comprometer gravemente su patrimonio.

Esto significa que, aunque tenga independencia en el día a día, sigue existiendo cierta protección legal.

Ejemplo práctico sencillo

Un menor de 17 años se emancipa porque quiere irse a vivir solo y trabajar. Puede alquilar una habitación y gestionar su salario, pero si quiere firmar un préstamo o vender un bien importante, necesitará la intervención de sus progenitores o representante legal.

¿Puede revertirse la emancipación?

No es habitual. La emancipación es una medida pensada para situaciones concretas y no se concede de forma automática ni reversible sin causa justificada.

Además, los jueces valoran siempre si esta decisión beneficia realmente al menor, no solo su voluntad de independizarse.

 

La emancipación es una herramienta legal útil en determinados casos, pero no equivale a ser mayor de edad. Antes de dar este paso, es recomendable analizar bien la situación para evitar problemas legales o económicos.

 

¿No entregas al niño “porque no quiere”? En Cataluña eso puede volverse en tu contra

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¿Qué ocurre en Cataluña si incumplo reiteradamente una resolución judicial sobre mis hijos?

“Solo es una decisión puntual”… hasta que se convierte en un problema serio.

En separaciones y divorcios es muy típico: un progenitor decide no cumplir una resolución judicial sobre guarda, estancias o comunicaciones “porque hoy no toca”, “porque el niño no quiere”, o “porque es lo mejor para él”.

El problema: una resolución judicial no es orientativa. En Cataluña, mientras no haya otra resolución que la cambie, hay que cumplirla.

La regla clave: “se cumple… o se pide que se modifique”

La vía legal no es “me lo salto”, sino ir al juzgado y pedir una modificación o medidas urgentes si hay un motivo real.

Además, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil prevé consecuencias directas cuando el incumplimiento se repite: multas coercitivas y, en ciertos casos, cambios en el régimen de guarda/visitas.

¿Qué consecuencias reales puede tener si lo haces varias veces?

Cuando el incumplimiento es reiterado, el escenario cambia. Lo habitual es que la otra parte active una ejecución y el juzgado empiece a “tomárselo en serio”:

  • Requerimientos y apercibimientos (te dejan claro que la próxima no pasa).

  • Multas coercitivas para forzar el cumplimiento.

  • Medidas para proteger al menor (por ejemplo, limitar conductas que lo afecten).

  • Modificación del régimen de guarda y visitas si el incumplimiento es repetido (y lo dice expresamente la ley).

Y ojo: en Cataluña, a la hora de decidir la guarda, los jueces valoran mucho la capacidad de cooperar y favorecer la relación del menor con el otro progenitor. Si tú bloqueas, te estás disparando en el pie.

“No lo entrego porque el niño no quiere”: ¿vale como excusa?

Como frase, se escucha muchísimo. Pero legalmente, no es un comodín.

Si hay un problema real (miedo, rechazo, indicios de riesgo, conflicto grave), lo correcto es:

  • documentarlo,

  • buscar ayuda profesional,

  • y pedir medidas al juzgado.

Actuar por tu cuenta, de forma repetida, suele acabar con el foco puesto en ti: “¿está favoreciendo al menor o está usando al menor como excusa?”.

¿Puede acabar en penal?

No siempre, pero puede pasar en casos claros y graves (especialmente si hay requerimientos, persistencia y un perjuicio evidente).

  • Puede aparecer el delito de desobediencia grave (art. 556 CP) en supuestos de incumplimiento consciente frente a mandatos/actuaciones de la autoridad.

  • Y si el incumplimiento implica retención del menor o conductas más extremas, pueden entrar otros delitos del ámbito familiar y, en casos graves, la sustracción de menores (art. 225 bis CP).

(Cada caso es un mundo: no es lo mismo un retraso puntual que impedir sistemáticamente el contacto.)

Si de verdad hay un motivo serio: qué hacer para protegerte (y proteger al menor)

  • No decidas solo/a: habla con tu abogado antes de cortar visitas.

  • Deja rastro: mensajes, correos, incidencias, informes (sin montar “shows” ni manipular).

  • Solicita medidas urgentes si hay riesgo real.

  • Propón alternativas razonables (cambio de horario, punto de encuentro, acompañamiento, etc.).

 

Si tu ex incumple y tú quieres actuar bien

  • No entres en guerras por WhatsApp.

  • Recoge pruebas con cabeza (fechas, mensajes, testigos, incidencias).

  • Valora ejecución y, si procede, modificación de medidas.

  • Si hay menor, recuerda: el juzgado mira siempre el interés del niño y la actitud de cada progenitor para cooperar.

 

 

Si estás en Cataluña y hay incumplimientos con custodia, visitas o comunicaciones, no te la juegues “a ojo”. Muchas veces lo que parece una decisión pequeña termina en multas o en un procedimiento que te deja en mala posición.
Si quieres, cuéntanos tu caso y te decimos la mejor estrategia: ejecución, modificación o medidas urgentes, según lo que haya pasado.

“Mi hijo es menor, no pasa nada”… hasta que llega la citación: qué pasa y cuándo pagan los padres

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Responsabilidad penal del menor: ¿pagan los padres?

 

“Es menor, no pasa nada”: uno de los errores legales más caros

Esta frase se escucha muchísimo… y es un problema.
Que tu hijo sea menor no significa impunidad. Puede haber consecuencias penales (para él) y económicas (para ti), incluso aunque tú no hayas hecho nada.

En España, esto se regula principalmente por la Ley Orgánica 5/2000 (responsabilidad penal del menor).

Edad y consecuencias: la regla rápida que deberías saber

 

✅ Menores de 14 años

No se les exige responsabilidad penal con la Ley del Menor, pero:

  • se activan medidas de protección (Servicios Sociales / protección de menores),

  • y los padres pueden responder civilmente por los daños (pagar destrozos, lesiones, móvil roto, etc.).

Ojo: que no haya “juicio penal” no significa que no haya “factura”.

✅ Entre 14 y 17 años

Aquí sí hay responsabilidad penal con un sistema específico para menores (educativo, pero serio):

  • libertad vigilada,

  • prestaciones en beneficio de la comunidad,

  • convivencia con otra familia o grupo educativo,

  • prohibiciones de acercarse/comunicarse,

  • e incluso internamiento en casos graves.

✅ A partir de 18 años

Ya entra el sistema penal de adultos (Código Penal) en la mayoría de casos.

Entonces… ¿Cuándo pagan los padres por lo que hace su hijo?

Aquí está lo que mucha gente no sabe:
Si el responsable es menor de 18, la ley permite que padres/tutores/guardadores respondan solidariamente con él por los daños y perjuicios. Y el juez puede moderarlo en algunos casos, pero la reclamación existe.

Además, aunque no estemos en un expediente de menores (por ejemplo, si tiene menos de 14), el Código Civil también prevé la responsabilidad de los padres por daños causados por hijos bajo su guarda.

Ejemplos típicos en la vida real:

  • rotura de una nariz en una pelea,

  • robo o daños en un comercio,

  • destrozos en una comunidad de vecinos,

  • acoso escolar o ciberacoso con consecuencias,

  • daños con patinete/bici.

 

“¿Le quedan antecedentes?”

En menores no funciona igual que en adultos, pero sí existen registros de resoluciones y medidas y el acceso está regulado.

La cancelación de inscripciones del registro de menores, en términos generales, puede hacerse de oficio cuando pasan 10 años desde que el menor alcanza la mayoría de edad y las medidas se han cumplido o prescrito.

Qué hacer si te llega una denuncia (o una citación) por tu hijo

  1. No lo minimices (“ya se pasará”).

  2. No improvises declaraciones: cada palabra luego pesa.

  3. Revisa si hay seguro (hogar/RC familiar) porque a veces cubre indemnizaciones.

  4. Busca asesoramiento cuanto antes: en menores, los tiempos y la estrategia importan muchísimo.

 

Si te ha pasado (o temes que te pase) y necesitas orientación, lo ideal es revisar el caso concreto: edad, hechos, daños, denunciante y si hay medidas posibles para evitar que el asunto se complique.

¿Usar a tu hijo para acusar o denunciar al otro progenitor? Puede volverse en tu contra

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Cuando el conflicto de pareja entra en un terreno peligroso

En separaciones y divorcios muy tensos, a veces alguien cruza una línea especialmente delicada: usar al hijo como “arma” para presionar al otro progenitor, desacreditarlo o intentar ganar ventaja en el juzgado… incluso con acusaciones muy graves (por ejemplo, de abuso sexual).

El problema: esto no suele dar ventaja. De hecho, muchas veces pasa lo contrario: pierdes credibilidad y el juzgado puede reaccionar con medidas serias para proteger al menor.

Qué dice la ley en Cataluña (te lo explico fácil)

En Cataluña, el foco es siempre el mismo: el interés del menor.

  • El Código Civil de Cataluña deja claro que las responsabilidades parentales deben ejercerse pensando en el hijo y que el juez debe priorizar su interés.

  • Además, para decidir custodia/guarda, el juzgado valora criterios como la vinculación, el entorno y la dinámica familiar (y detecta muy rápido cuando hay manipulación).

  • Y los progenitores tienen deberes básicos hacia los hijos (cuidar, educar, convivir, proteger).

Y en lo penal: si alguien imputa hechos delictivos sabiendo que son falsos (o con desprecio temerario hacia la verdad) puede encajar en denuncia falsa (art. 456 CP), con penas que pueden incluir prisión o multa, según el caso.

Señales típicas que los juzgados suelen analizar

Esto es lo que se ve mucho en sala (y en informes psicosociales/periciales):

  • Relatos del menor muy influenciados, cambiantes o con frases “de adulto”.

  • Denuncias que aparecen justo antes de una vista clave (custodia, modificación de medidas, etc.).

  • Presión emocional para que el niño “diga lo que toca” ante profesionales.

  • Acusaciones que no se sostienen con indicios objetivos, pero se usan para bloquear visitas o castigar al otro.

Cuando se detecta, la credibilidad del progenitor que denuncia se rompe.

Si la acusación resulta falsa: consecuencias reales

Dependiendo del caso, puede haber “efecto dominó”:

  • Archivo y pérdida de credibilidad procesal.

  • Cambios en custodia/guarda o ajustes fuertes en el plan de parentalidad.

  • Visitas limitadas o supervisadas, si se aprecia manipulación o riesgo emocional.

  • Y, si encaja, procedimiento penal por denuncia falsa (art. 456 CP).

 

Ojo: proteger al menor no es “fabricar” una historia

Esto es importante decirlo claro:

✅ Si hay un riesgo real para el menor, se actúa con seriedad, sin guiones, y por vías adecuadas (médico, servicios especializados, denuncia si procede).
❌ Lo que nunca ayuda (y suele explotar en tu cara) es inducir, exagerar o inventar.

¿Tienes un caso así y no sabes cómo actuar?

Si estás en Cataluña y te preocupa que el conflicto se esté yendo de las manos (o te han acusado injustamente), en Fortia Abogados podemos revisar tu situación y marcar una estrategia segura para proteger al menor y tu posición en el procedimiento.

(Texto informativo: no sustituye asesoramiento legal personalizado.)

¿Puedo grabar a mi expareja y usar esos audios/WhatsApps en un juicio? Sí… pero cuidado con lo que haces después

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El mito: “Si es mi conversación, puedo hacer lo que quiera”

En separaciones y divorcios es súper común: guardas audios, capturas y mensajes de WhatsApp para demostrar incumplimientos, insultos, amenazas o manipulaciones.

Y sí: muchas veces pueden servir como prueba.
Pero ojo: una cosa es guardarlo para el juzgado y otra MUY distinta es difundirlo (a familiares, amigos, grupos de WhatsApp o redes). Ahí es cuando te puedes meter en un problema serio.

Qué dice la ley (te lo explico fácil)

1) Grabar: depende

  • Si tú participas en la conversación, en general grabarla suele ser lícito y puede valorarse como prueba.

  • Si NO participas (espiar, interceptar, “pinchar” conversaciones, entrar en su móvil, etc.), la cosa cambia y puedes estar cruzando una línea penal.

2) Difundir: aquí es donde la gente se equivoca

Aunque la conversación sea “tuya” o te la hayan enviado, difundir imágenes o grabaciones sin permiso puede encajar en delito (especialmente si afecta gravemente a la intimidad y más aún si es tu pareja/expareja).

3) Si hay menores: todavía más cuidado (especialmente en Cataluña)

En Cataluña, el interés superior del menor es un principio clave: si la prueba afecta a hijos, su intimidad y bienestar van primero. Esto obliga a ser muy fino con audios, mensajes y cualquier cosa sensible.

Casos típicos (los que vemos a diario)

  • Incumplimientos de custodia o visitas (“no te lo llevo”, “hoy no toca”, etc.).

  • Amenazas, insultos o coacciones (“te vas a enterar”, “no verás a los niños”).

  • Control económico / manipulación tras la ruptura (presiones, chantajes, “si no haces X, no hay Y”).

Guardar esto puede ayudarte. Difundirlo puede hundirte: denuncia, mala imagen ante el juez y un problema extra que no necesitabas.

Cómo usar audios y WhatsApps sin liarla

Para hacerlo bien (y con cabeza):

  1. Solo grabaciones donde tú participas (o con consentimiento válido).

  2. Nada de mandarlo a terceros (ni “solo a mi hermano”, ni “solo al grupo”).

  3. Guarda el original (no edites, no recortes, no “mejores” el audio).

  4. Aporta la prueba por vía judicial: la LEC permite aportar medios de reproducción de palabra/sonido/imagen y su reproducción en juicio.

  5. Si la otra parte dice “eso está manipulado”, suele tocar reforzar autenticidad (pericial, acta notarial, volcado, etc.).

 

En resumen (por si vas con prisa)

✅ Sí puedes usar audios y WhatsApps en juicio en muchos casos.
❌ Lo que NO debes hacer es difundirlos fuera del procedimiento.
👶 Con menores, doble cuidado (y en Cataluña aún más).

¿Te ayudamos a hacerlo bien?

Si estás en Cataluña y tienes audios/mensajes y no sabes si te conviene aportarlos (o cómo hacerlo sin riesgos), en Fortia Abogados lo revisamos contigo y te decimos la estrategia más segura.

(Este artículo es informativo y no sustituye asesoramiento legal personalizado.)

¿Qué es el IPC y por qué aparece siempre en las sentencias de pensión de alimentos?

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Un concepto que muchos firman sin entender.

En separaciones y divorcios es muy habitual que las sentencias y convenios reguladores incluyan una fórmula como: “la pensión se actualizará anualmente conforme al IPC”.
Aunque suele aceptarse sin discusión, no siempre se explica cuándo ni cómo debe aplicarse, lo que genera dudas con el paso del tiempo.

 

Qué es el IPC y para qué sirve legalmente.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador oficial que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que mide cómo varía el coste de la vida a lo largo del tiempo. Básicamente indica si la vida es más cara o más barata.

Desde el punto de vista jurídico, el IPC no es una penalización, sino un mecanismo de actualización. Su finalidad es que una cantidad fijada en el pasado no pierda valor real con el paso del tiempo.

Por eso, en Derecho de familia se utiliza de forma habitual para:

  • pensiones de alimentos,
  • pensiones compensatorias,
  • y otras obligaciones económicas periódicas.

 

Cómo y cuándo se actualiza el IPC

La forma de aplicar el IPC depende siempre de lo que indique la sentencia o el convenio regulador. En la práctica, existen dos sistemas habituales:

  • Actualización a 1 de enero de cada año
    La pensión se incrementa cada 1 de enero aplicando el IPC correspondiente, con independencia de la fecha en que se dictó la sentencia.
  • Actualización de fecha a fecha
    La pensión se actualiza cuando se cumple un año desde la fecha de la sentencia y, a partir de ahí, cada año en esa misma fecha.

Ambos sistemas son válidos. Lo importante es no mezclar criterios y aplicar exactamente el que figure en la resolución judicial.

 

¿Qué ocurre si el IPC es negativo?

Si el IPC es negativo, y la sentencia no prevé expresamente una reducción, la pensión no baja.
Simplemente no se incrementa ese año.

Reducir unilateralmente la pensión alegando IPC negativo no es correcto y puede dar lugar a reclamaciones de cantidades.

 

Ejemplo práctico sencillo

Si una sentencia fija una pensión de 400 € mensuales y establece que se actualizará conforme al IPC cada 1 de enero, y el IPC anual es del 2,9 %, la pensión pasará a ser de 411,60 € mensuales desde ese 1 de enero.

Si la sentencia indica actualización de fecha a fecha y se dictó el 15 de marzo, el incremento se aplicará cada año a partir del 15 de marzo, no en enero.

Con este enlace podemos acceder a la página web donde se hace el cálculo de la actualización del IPC: https://www.ine.es/calcula/

 

ACTUALIZACIÓN DEL IPC

 

 

 

¿Por qué a veces no se puede calcular el IPC justo al empezar el año?

Es importante saber que el IPC no se conoce exactamente el día 1 de enero. Siguiendo el ejemplo, si queremos actualizar una pensión desde el 1 de enero de 2025 hasta el 1 de enero de 2026, ese porcentaje no se puede calcular en ese momento, porque el INE todavía no ha publicado el dato definitivo. Normalmente, el índice oficial se da a conocer uno, dos o incluso tres meses después de haber empezado el año.

Esto no significa que la actualización se pierda o que no deba aplicarse, sino que queda pendiente hasta que el INE publica el IPC. En ese momento, se calcula la diferencia y se ajusta la pensión con efectos desde la fecha que indique la sentencia, aunque el cálculo se haga más tarde.