La pensión de alimentos sigue siendo una de las cuestiones que más dudas genera en separaciones y divorcios. Muchas personas llegan al despacho preguntando cuánto “toca” pagar o cobrar como si existiera una cifra cerrada. Pero el artículo 93 del Código Civil es claro: el juez debe determinar la contribución de cada progenitor en función de las circunstancias económicas y de las necesidades de los hijos en cada momento. Además, si conviven en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados sin ingresos propios, también puede fijarse en esa misma resolución la pensión correspondiente.
Es verdad que durante años se han utilizado tablas orientadoras y la conocida herramienta del CGPJ, pero hoy la propia página del Poder Judicial indica que ese apartado de cálculo de pensiones alimenticias se encuentra en revisión y actualización. Por tanto, apoyarse solo en una cifra orientativa sin analizar ingresos reales, gastos, custodias, vivienda, necesidades especiales o cargas familiares es un error.
Una pensión de alimentos bien fijada no depende únicamente del salario neto. También influyen variables como la custodia, los gastos escolares, las actividades, los desplazamientos, la situación laboral de ambos progenitores, los gastos extraordinarios y, en algunos casos, la existencia de otros hijos o nuevas cargas familiares. Por eso dos familias con ingresos parecidos pueden acabar con pensiones muy distintas.
Otro error muy frecuente es creer que la pensión no puede modificarse. Sí puede. Si cambian de manera relevante las circunstancias —pérdida de empleo, incremento de ingresos, nuevas necesidades del menor o independencia económica del hijo— puede plantearse una modificación de medidas.
En Fortia Abogados defendemos tanto a quienes necesitan reclamar una pensión adecuada como a quienes soportan importes desproporcionados para su situación real. La clave no está en repetir una tabla: está en acreditar bien la realidad económica de cada familia.