“Solo ha sido una copa”
Probablemente, es una de las frases más repetidas antes de acabar en una sanción… o en un procedimiento penal.
Lo que muchos conductores no saben es que la diferencia entre una multa administrativa y un delito contra la seguridad vial puede estar mucho más cerca de lo que parece. Y cruzar esa línea puede suponer antecedentes penales, retirada del carné e incluso pena de prisión.
El límite que puede cambiarlo todo
En España, la ley distingue entre infracción administrativa y delito.
La tasa máxima general permitida es de 0,25 mg/l en aire espirado, pero para conductores noveles y profesionales el límite baja a 0,15 mg/l, y para menores de edad es 0,0 mg/l.
Cuando se supera la vía administrativa, las consecuencias ya son importantes. Pero además, el artículo 379.2 del Código Penal castiga como delito conducir bajo la influencia del alcohol y, en todo caso, cuando se arroja una tasa superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre. Es decir, no siempre hace falta alcanzar esa cifra para acabar en el ámbito penal si existen síntomas o signos claros de afectación en la conducción.
Multas y consecuencias reales
Si hablamos de sanción administrativa, la DGT contempla, con carácter general:
- 500 euros y 4 puntos cuando la tasa supera 0,25 mg/l y no pasa de 0,50 mg/l.
- 1.000 euros y 6 puntos cuando la tasa supera 0,50 mg/l.
- En caso de reincidencia, la sanción puede ser de 1.000 euros con pérdida de 4 o 6 puntos, según la tasa.
Pero si estamos ante un delito, las consecuencias suben de nivel:
- Prisión de 3 a 6 meses, o
- multa de 6 a 12 meses, o
- trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días,
además de la retirada del derecho a conducir de 1 a 4 años. Y, por supuesto, puede implicar antecedentes penales.
Negarse a soplar no evita el problema
Muchas personas creen que negarse a realizar la prueba puede ayudarles.
En realidad, puede empeorar todavía más su situación.
El artículo 383 del Código Penal castiga la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas como delito independiente, con penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Una decisión de segundos puede tener consecuencias durante años
En este tipo de asuntos, cada detalle del procedimiento importa: la intervención policial, la regularidad de la prueba, los síntomas apreciados, la redacción del atestado y la estrategia de defensa.
Por eso, contar con asesoramiento legal especializado puede marcar una diferencia real desde el primer momento.